Este sitio existe para hacer lo contrario.

Qué vamos a publicar

Notas de tres clases, y siempre queda claro cuál es cuál:

• Hecho documentado. Lo que se puede verificar en un documento: una resolución, un contrato, un acta, un registro público, un dato oficial. Va con el enlace al original.
• Análisis. Nuestra lectura de esos hechos. Se distingue del hecho por cómo está escrito, no por el tono.
• Opinión. Lo que creemos. Se declara explícitamente que es opinión.

Cuando una investigación no llega a la conclusión que buscábamos, se publica igual: se explica qué se encontró, qué no se pudo probar y por qué. Lo que no se hace es rellenar el hueco con suposiciones.

Qué no vamos a hacer

No publicamos una acusación si no podemos sostenerla con un documento. No repetimos un rumor porque dos cuentas de redes lo dijeron. No usamos fotografías ajenas para ilustrar una nota que no tiene imágenes propias.

Si nos equivocamos, se corrige en la misma nota y la corrección queda fechada. La política editorial completa está aquí.

Por qué en serio

Porque un público que no puede verificar nada termina aceptando cualquier versión, y así no gana nadie. La pelea por el poder en el Perú se decide en parte en quién marca la agenda, y la agenda la marca quien tiene los datos y los explica bien.

Empezamos por lo más difícil: separar lo que se sabe de lo que se presume. La segunda nota explica cómo investigamos.

Lo que dice el comunicado

• 968 mil habitantes en 2025, frente a 572 mil en 1993. Creció 1,5 % por año entre 2017 y 2025.
• 73,8 % de población urbana, cuando en 2017 era 68,1 %.
• La provincia de San Martín es la más urbana del departamento, con 88,0 %. En el otro extremo, El Dorado y Huallaga siguen con cerca de la mitad de su gente en zonas rurales.
• Las provincias más pobladas son San Martín (227 mil) y Rioja (143 mil). El distrito más poblado sigue siendo Moyobamba, con 88 mil, seguido de Tarapoto, con 78 mil.
• El analfabetismo bajó de 7,4 % a 6,7 %, pero la brecha no se cerró: 9,1 % en mujeres frente a 4,3 % en hombres.
• Hay 367 mil 743 viviendas en el departamento, y el 81,6 % están ocupadas.

El detalle que no está en el titular

De cada 100 viviendas ocupadas, 69,2 % tiene agua potable dentro de la vivienda. Hasta ahí suena bien. La cifra que sigue es la que importa:

Solo el 61,4 % recibe agua todos los días de la semana.

Es decir, de cada 100 viviendas, unas 38 tienen agua conectada pero no todos los días. El INEI no explica la causa en el comunicado, y no la vamos a inventar: puede ser la forma de distribución, cortes, o problemas de la red. Lo que sí se puede afirmar es que tener agua dentro y tener agua todos los días son dos cosas distintas, y que la distancia entre ambas es de casi ocho puntos.

El desagüe es el punto más débil: 48,5 % de las viviendas tiene servicio higiénico conectado a la red pública, frente al 40,6 % de 2017. Mejoró en ocho años, y sigue siendo la mitad. La electricidad está resuelta (90,1 %); el internet todavía no (64,3 %).

Por qué esto importa para el presupuesto regional

Esta es nuestra lectura, y no es del INEI:

Si casi 4 de cada 10 viviendas tienen agua intermitente y la mitad no tiene desagüe conectado, el problema de San Martín no es de obras nuevas sino de red. Una obra de agua potable nueva no alcanza a una vivienda que ya tiene el caño pero no recibe todos los días. Para eso hay que ampliar la red o almacenar.

Eso cambia qué conviene financiar. Cuando se presenta "viviendas con agua" como avance, hay que preguntar si esas viviendas reciben todos los días. El indicador que importa no es la cobertura, es la continuidad.

En la zona rural el dato es más duro: el 62,5 % de los hogares queman la basura, y se usa leña para cocinar, sobre todo en El Dorado. Ahí la brecha no es de ocho puntos, sino de otra magnitud.

El Parque Nacional Cordillera Azul, que también es San Martín

El área protegida que comparte la región con Loreto, Ucayali y Huánuco cumplió 25 años en mayo. El SERNANP reporta 1 353 190,85 hectáreas, un estado de conservación de 99,96 %, más de 280 especies de aves y 71 de mamíferos.

El 99,96 % es un buen número de conservación dentro de los límites del parque. Es también un número que dice poco sobre el entorno: mide el área protegida, no la zona de amortiguamiento, que es donde vive la gente.

Por eso la ceremonia de los 25 años se hizo en la Plaza Mayor de Tarapoto, con el premio a los nueve ganadores del concurso Emprendedores por Naturaleza 2026 y la entrega de equipos a los combatientes de incendios. La conservación en la Amazonía alta no la sostiene el parque solo: la sostienen el parque junto con los municipios, con CIMA y con los comités de gestión. Tarapoto aparece ahí por una razón concreta, que es ser la capital de la región que sostiene el área protegida más grande de la selva alta.

Lo que sigue

Falta un dato que este comunicado no trae y sería el más interesante: cuánta gente vive en la zona de amortiguamiento del Cordillera Azul. Está en los registros de SERNANP y en los del INEI, pero cruzarlos lleva trabajo. Es lo primero que vamos a pedir.

Si tienes el número de un expediente, un contrato o una obra de tu municipalidad, está el foro. Todo lo que publiquemos va con el documento al lado.

A mayo de 2026, la respuesta corta es que sí. Y la larga, más incómoda, es que sí, pero no donde uno esperaría.

Lo que se ejecutó

El cuadro del Congreso, con corte a mayo de 2026, dice esto para San Martín:

• 1 910,6 millones de soles de gasto público en todo el departamento, con un avance de 37,5 %.
• El Gobierno Regional iba con 1 034,3 millones ejecutados, sobre un presupuesto modificado de 2 614,3 millones. Eso es 39,6 % de avance.
• El presupuesto regional se agrandó un 4,1 % respecto al PIA: pasaron de 2 513,4 a 2 614,3 millones.

Para comparar sin trampas, el Reporte Temático trae un cuadro por nivel de gobierno con corte a abril de 2026. Ahí la comparación es limpia:

El Gobierno Regional gastaba más rápido que el Gobierno Nacional dentro del mismo departamento, y bastante más rápido que los municipios. Es un dato que casi nunca se mira y que cambia la conversación: el problema de la ejecución en San Martín no es del gobierno regional.

El mes siguiente

Un detalle merece atención. Entre abril y mayo, el Gobierno Regional pasó de 31,1 % a 39,6 %: ejecutó unos 224 millones de soles en un solo mes. Un salto así de un mes al siguiente no es una tendencia, es un proyecto grande que se devengó. Vale la pena preguntar al GORE cuáles fueron.

El canon, que es lo que no se mueve

Aquí está el punto raro.

El canon y las regalías son lo que el Gobierno Regional recibe por la minería y la ganadería de su territorio. No viene del presupuesto general: es su propio ingreso. La Carpeta Georreferencial del Congreso, con datos del MEF, dice que de lo transferido por canon al Gobierno Regional se ejecutó:

• 95,1 % en 2024
• 85,3 % en 2025
• 7,8 % al 31 de marzo de 2026

Un dato de marzo no se compara con uno de diciembre, y hay que decirlo: el 7,8 % no significa que el año vaya mal. Significa que en el primer trimestre el canon estaba prácticamente sin tocar, mientras el resto del presupuesto regional ya iba camino a los 39,6 %.

Para los gobiernos locales el cuadro es parecido: 75,3 % en 2024, 85,3 % en 2025, y 10,9 % en 2026.

Esa diferencia es la que importa. El presupuesto que se aprueba en Lima se gasta igual de rápido en todos lados. El canon depende de qué proyecto hay listo para pagarlo. Una región con obras sin expediente no ejecuta canon, por más plata que tenga asignada.

Por qué esto pega justo donde muerde

Volvemos al dato del censo de la semana pasada: el 69,2 % de las viviendas tiene agua dentro, pero solo el 61,4 % la recibe todos los días. Casi 4 de cada 10 viviendas esperando agua algunos días es, formalmente, un problema de red.

Las obras que arreglan una red no se/licitan rápido. Necesitan perfil, expediente técnico, contratación. En un departamento donde el dinero propio (canon) estuvo sin moverse durante el primer trimestre, la explicación más simple no es falta de plata: es que los proyectos no estaban listos para pagarse.

Esto no prueba que el GORE haya dejado de hacer obras de agua. Prueba, como mucho, que el dinero con el que se pagan esas obras no se movió en el primer trimestre. La diferencia entre las dos cosas es justo lo que hay que preguntarle al GORE.

Lo que sigue

Falta el dato que cerraría el círculo: cuánto del canon de 2026 se destinó a programas de agua y saneamiento en San Martín. Está en el SIAF y en la página de transparencia del GORE. También falta, y lo dijimos la semana pasada, cuánta gente vive en la zona de amortiguamiento del Cordillera Azul: SERNANP no lo publica, y el último número que circula es de 2015.

Si tienes el documento, el contrato o el expediente, está el foro.

Esta es la ruta que usamos nosotros.

Antes de escribir nada

Tres decisiones que ahorran meses:

• ¿La información es pública? Casi todo lo que está en poder de una entidad del Estado lo es. Lo que no es público son datos personales protegidos por la ley, información clasificada y los expedientes reservados. Si pedís un dato personal de un tercero, no vas a obtenerlo.
• ¿Quién es la entidad correcta? El organismo importa, no el nombre del ministro ni el del programa. Quien emite es quien responde.
• ¿Existe ya? A veces el documento está en el portal de transparencia estándar de la entidad. Buscar antes evita una semana de espera.

Cómo se hace el pedido

El pedido se puede hacer por escrito, en papel o por medio virtual, y hay que identificar tres cosas: qué se pide, con qué detalle y para qué se usa. No hace falta explicar el motivo real, pero un motivo genérico sirve mejor que uno que exponga al solicitante.

El formato no importa tanto como la claridad. La regla práctica: un pedido por documento, con el nombre exacto del documento si lo conocés, o con la descripción de lo que tiene que contener si no lo conocés.

Ejemplo de lo que funciona:

Solicito copia de la resolución directoral que autoriza el funcionamiento de la unidad de [nombre], emitida por [entidad] entre [fecha] y [fecha], con sus anexos.

Qué tiene que pasar después

La entidad tiene un plazo para responder. Cuando vence y no hay respuesta, la respuesta se entiende denegada por silencio, y ahí empieza lo siguiente.

• Reconsideración. Se le pide a la misma entidad que repiense su respuesta. Es el paso corto.
• Apelación ante el Tribunal del Derecho de Acceso a la Información Pública. Es el órgano del Ministerio de Economía y Finanzas que resuelve las denegaciones. Contra su resolución ya no cabe recurso administrativo: el paso siguiente es el judicial.

Los plazos y el nombre exacto del órgano se citan tal como están en la ley; la Ley 27806 y su reglamento los fijan. Si hay duda, se escribe al Ministerio de Economía y Finanzas antes de perder el plazo.

Lo que casi nadie te dice

• El silencio también es una respuesta oficial. Se puede publicar "la entidad no respondió en el plazo legal", y eso es un hecho documentado.
• Pedir es público. El nombre de quien pide y el texto del pedido quedan registrados, y eso suele ser lo que más incomoda.
• Nadie tiene que saber quién eres para pedir. El pedido puede firmarse de forma anónima o con un seudónimo.
• El documento que te negaron es tan importante como el que te dieron. La denegación, con su fundamento, es información pública también.

Por qué esto importa

Un medio que solo publica lo que ya está publicado nunca va a encontrar nada. La diferencia entre un rumor y una investigación suele ser un archivo que alguien pidió formalmente y esperó veinte días.

¿Pediste algo y te respondieron algo interesante? Contálo en el foro o mándanos el documento. Si preferís que no se sepa quién eres, se puede publicar sin tu nombre.

Todos los enlaces de esta nota se probaron antes de publicarla. Los portales del Estado cambian de dirección con frecuencia, así que si alguno no te abre, escríbenos y lo actualizamos.

La lista corta

Cómo se usa cada uno

Para leer una ley

El orden importa: primero el dictamen de la comisión, después el proyecto y recién al final la ley publicada. Casi siempre lo que se debate y lo que sale son cosas distintas, y el titular se queda con la versión del proyecto.

El número de ley y la fecha de publicación son el dato de control. Si dos notas sobre "la misma ley" dan números distintos, una de las dos está hablando de otra cosa.

Para encontrar a un funcionario

Un cargo se verifica contra la resolución que lo nombra, no contra una nota de prensa. Y los cargos cambian: lo que importa es la fecha de la resolución, porque seis meses después el cargo puede ser de otra persona.

Para un caso ambiental

Se empieza por el expediente, no por la fotografía aérea. El expediente dice quién descubrió, qué se midió, qué resolución se emitió y quién la firmó. Sin número de expediente, una nota sobre minería es una hipótesis; como hipótesis se puede publicar, como afirmación no.

Para un contrato

El portal muestra el objeto, el monto adjudicado y las\addendas. El dato que más se usa mal es el monto: figura lo contratado, no lo pagado. Para el pago real están el sistema de proveedores del Estado y la información presupuestaria.

Lo que no está en ningún portal

• Conversaciones grabadas, audios y mensajes privados.
• Expedientes judiciales en reserva.
• Documentos que existen pero que nadie ha publicado, hasta que se piden.

Ese último caso tiene un camino legal, escrito y más lento que tuitear. La nota siguiente lo explica paso a paso.

¿Falta algún portal? Decilo en el foro y lo agregamos.

1. Partir de un registro público

Nada arranca con una denuncia ni con un audio. Arrancamos con un documento que ya es público y que se puede citar: un acta de una comisión investigadora, una resolución administrativa, un contrato en el portal de contrataciones, un expediente del Poder Judicial, un padrón de MINEM, un informe de la OEFA o de SERNANP, o el registro que corresponda.

Si el punto de partida es una publicación de otro medio, se cita y se baja al documento original. Si el original no aparece, la nota no sale.

2. Bajar al documento, no al resumen

Un medio que cita a otro medio no es una fuente. Cada afirmación tiene que poder rastrearse hasta el documento primario: el PDF de la resolución, el acta de la sesión, la partida registral, el reporte del sistema.

Anotamos el número de documento, la fecha y la dependencia que lo emite. Ese trio es lo que hace verificable una nota.

3. Cruzar dos fuentes como mínimo

Un solo documento no cierra una investigación. Cada afirmación importante se sostiene en al menos dos fuentes independientes, y si las dos vienen de la misma entidad se dice así en la nota.

Las dos preguntas que siempre conviene hacerse:

• ¿El documento dice lo que creo que dice? Mucha gente lee un resultado favorable donde no lo hay.
• ¿A quién conviene que esto sea cierto? No es un argumento, es un control de coherencia.

4. Separar la acusación del hecho

Acusar y demostrar son dos cosas distintas. En una investigación sobre minería informal, por ejemplo, el hecho puede ser que una operación en la zona X trabaja sin autorización de SERNANP desde la fecha Y, según el informe Z. La acusación sería que esa operación es minería ilegal. La primera se publica; la segunda solo si hay una resolución, una sanción o una confirmación oficial que la respalde.

Cuando esa confirmación no llega, la nota lo dice. Publicar que no pudimos acreditar algo también es un resultado, y evita que otro lo publique mal después.

5. Derecho a respuesta antes de publicar

Toda persona o entidad señalada en una nota recibe una consulta escrita antes de la publicación, con tiempo razonable para responder. La respuesta se publica íntegra, o se indica por qué no, y si no hubo respuesta se dice que no hubo respuesta. Nunca se recorta una respuesta para que el titular quede mejor.

Fuentes oficiales de referencia

Estas son las que usamos como punto de partida casi siempre:

Qué buscamos

• Funcionarios nombrados por resolución, con fecha.
• Empresas con RUC y contrato vigente.
• Empresas que aparecen en un padrón y también en una lista de sancionados.
• Vínculos societarios que se repiten entre un contrato y un directorio.

Corregir es parte del trabajo

Si alguien nos manda un documento que contradice lo publicado, se corrige, se fecha y se explica qué cambió. La corrección no se borra: se deja. Un sitio que borra sus errores no sirve para confiar en él.

Si tienes un documento que no encontramos, mándalo. Si no quieres que se sepa quién eres, se puede hacer anónimo.